Condenaron a un subcomisario por facilitar una transferencia fraudulenta

Un subcomisario de la Policía de San Luis fue condenado por haber certificado falsamente la verificación de una motocicleta en una maniobra que permitió concretar una transferencia fraudulenta sin conocimiento de su legítimo propietario.

Se trata de Juan Raúl Escobedo, quien se desempeñaba como perito verificador en la Planta Verificadora Automotor N° 1 de San Luis. El Tribunal Oral Federal homologó un acuerdo de juicio abreviado y lo condenó a dos años de prisión en suspenso, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad.

La sentencia fue dictada por la jueza María Carolina Pereira, tras una propuesta presentada por la defensa y el fiscal federal Cristian Rachid.

Según la reconstrucción judicial, el hecho ocurrió el 1 de noviembre de 2019, cuando Escobedo intervino en la verificación de una motocicleta Honda XR 250, dominio A042EHF. Como perito oficial, certificó en el Formulario 12 que había inspeccionado el rodado y consignó la leyenda “sin novedad”, un requisito clave para avanzar con trámites registrales.

Sin embargo, la investigación determinó que la motocicleta original se encontraba en ese momento en la provincia de Buenos Aires, en poder de su verdadero propietario, Carlos Diego Lazarte. Para la Fiscalía, Escobedo no podía haber verificado el vehículo auténtico porque nunca estuvo en San Luis.

Pese a ello, certificó que los números de cuadro y motor coincidían correctamente. Esa documentación fue utilizada luego para cambiar la radicación del legajo y concretar la transferencia del dominio a nombre de Emmanuel Maximiliano Bustos Vilela.

El fraude salió a la luz casi dos años después, cuando un mandatario que actuaba en representación de Lazarte intentó tramitar un duplicado de la chapa patente. Al ingresar la gestión al sistema registral, descubrieron que el legajo ya no estaba en Buenos Aires: había sido trasladado al Registro Seccional de Motovehículos de San Luis y figuraba transferido a otra persona.

La denuncia fue realizada por la interventora del Registro Seccional de Motovehículos “B” de Tres de Febrero y derivó en una investigación federal.

Entre las pruebas reunidas, la Justicia valoró los registros oficiales de la Planta Verificadora N° 1, que confirmaron que Escobedo intervino en la inspección del 1 de noviembre de 2019. También resultó clave la declaración de Lazarte, quien aseguró que la motocicleta jamás salió de su poder.

Una pericia sobre el vehículo original estableció que las numeraciones de motor y cuadro eran auténticas y correspondían a la unidad que permanecía en Buenos Aires. Además, una pericia caligráfica concluyó que Lazarte no había firmado la documentación utilizada para concretar la transferencia.

Durante la etapa de instrucción, Escobedo había sido acusado por falsedad ideológica de documento público agravada por su condición de funcionario. Sin embargo, al momento de cerrar el juicio abreviado, la Fiscalía modificó la calificación legal y encuadró el hecho en una figura específica del Régimen Jurídico del Automotor.

En ese marco, el imputado reconoció haber insertado declaraciones falsas en el Formulario 12 utilizado para la verificación del motovehículo. La jueza consideró acreditada tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad penal del acusado y homologó el acuerdo.

El querellante Carlos Lazarte cuestionó la falta de una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Si bien acompañó la condena, sostuvo que Escobedo había cometido un abuso en el ejercicio de su función. La magistrada respondió que la opinión de la querella fue escuchada, aunque no resultaba vinculante en este tipo de procedimiento.

Finalmente, Escobedo fue condenado a dos años de prisión en suspenso como autor del delito previsto en el artículo 34 del Régimen Jurídico del Automotor.

Además, deberá fijar residencia, someterse al control del Instituto Provincial de Reinserción Social y acreditar la realización y aprobación de un curso internacional de perito verificador e identificador vehicular de 420 horas.

La sentencia también ordenó comunicar la condena al Ministerio de Seguridad de San Luis para su conocimiento y eventual intervención administrativa.