Los conductores alcoholizados deberán pagar la atención médica si provocan accidentes

La Cámara de Diputados de San Luis dio este miércoles media sanción, por unanimidad, a un proyecto de ley que establece que los conductores que provoquen siniestros viales bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes deberán pagar los gastos de atención médica generados en el sistema público de salud.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Cristian Gurruchaga y Nicolás González Ferro, del bloque Acuerdo por el Interior Sanluiseño, y llegó al recinto con despacho favorable de las comisiones de Finanzas, Obras Públicas y Economía, y de Salud, Seguridad Social, Derechos Humanos y Familia.

La presidenta del bloque Ahora San Luis y titular de la comisión de Finanzas, Eugenia Gallardo, fue la encargada de fundamentar el proyecto, que recibió el acompañamiento de todos los bloques.

La norma designa al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y lo faculta a recuperar el costo de las prestaciones brindadas en hospitales públicos directamente del conductor responsable.

El recupero incluirá tanto la atención del propio infractor como la de terceros afectados por el accidente.

Para que el Estado pueda reclamar esos gastos deberán cumplirse tres condiciones: que exista un siniestro vial en los términos de la Ley Provincial de Tránsito, que el test de alcoholemia o toxicológico arroje resultado positivo y que las prestaciones hayan sido brindadas en un establecimiento público.

El valor de los servicios será determinado por el Nomenclador Provincial. En tanto, el procedimiento de facturación y cobro seguirá el régimen vigente para el recupero de prestaciones a obras sociales y empresas de medicina prepaga.

En caso de incumplimiento, el Ministerio de Salud podrá iniciar el cobro por la vía de apremio judicial.

El proyecto también define el destino de los fondos recuperados. El 40% será destinado a incentivos por productividad del personal de salud interviniente, el 30% a mantenimiento y equipamiento hospitalario, y el 30% restante a tratamientos de alta complejidad y otras áreas sanitarias prioritarias.

Gallardo sostuvo que la iniciativa se apoya en el principio de responsabilidad civil. “Quien causa un daño tiene un deber jurídico de repararlo”, afirmó durante el debate.

La legisladora aclaró que la ley no crea una nueva sanción para quienes conduzcan alcoholizados, sino que regula las consecuencias patrimoniales del daño ocasionado al Estado.

“Las consecuencias de la conducción imprudente constituyen un flagelo para nuestra sociedad que no solo destruye vidas y familias, sino que somete al sistema de salud pública a una presión económica injusta y evitable”, expresó.

También recordó que San Luis mantiene controles preventivos de alcoholemia, especialmente en corredores turísticos y durante los fines de semana. Según indicó, entre el 2% y el 4% de los conductores sometidos a esos operativos registra resultados positivos.

Gallardo explicó además que ya existe un mecanismo para recuperar gastos médicos de obras sociales, prepagas y aseguradoras de riesgos del trabajo, pero advirtió que se produce un vacío cuando esas compañías rechazan la cobertura porque el conductor manejaba ebrio o bajo efectos de drogas.

La diputada señaló que provincias como Salta, Río Negro, Mendoza y Neuquén cuentan con normas similares.

“Buscamos un efecto pedagógico y disuasivo, promoviendo que se tome conciencia de las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. También recuperar el costo real que produce esa irresponsabilidad para el Estado y garantizar una mayor justicia fiscal”, sostuvo.

Como ejemplo del impacto económico, indicó que una sola noche de internación en terapia intensiva puede costar entre $1.200.000 y $1.800.000.

De todos modos, aclaró que el Estado continuará garantizando la asistencia inmediata a todas las víctimas, con ambulancias, atención médica, internaciones y cirugías de emergencia cuando sean necesarias.

La presidenta de la comisión de Salud, Verónica Causi, también respaldó el proyecto y afirmó que toda medida que desaliente la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas “es una oportunidad para evitar un accidente, una lesión irreversible o una muerte”.

En la misma sesión, Diputados también aprobó por unanimidad un proyecto para instituir al Poncho Puntano como prenda oficial de la provincia.

La iniciativa fue presentada por Maximiliano Valdeón, de Ahora San Luis, y reconoce al poncho como un símbolo de la identidad histórica, cultural y tradicional de San Luis.

El diseño será el elaborado por la Federación Gaucha de San Luis, consensuado con agrupaciones tradicionalistas, historiadores y referentes culturales. Tendrá los colores naturales de la fibra de guanaco, dos guardas más claras que representan la mixtura de culturas y flecos del mismo tono.

El Ministerio de Turismo y Cultura será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo las acciones de investigación, preservación, difusión y promoción de la prenda, que podrá utilizarse en actos protocolares, culturales, turísticos y educativos.

“Mucho más que una simple vestimenta, el Poncho Puntano acompañó durante siglos la vida cotidiana de los habitantes de nuestro territorio”, sostuvo Valdeón durante el tratamiento del proyecto.

Con ambas medias sanciones, la Cámara avanzó en dos iniciativas de distinto alcance: una vinculada a la seguridad vial y al financiamiento del sistema público de salud, y otra orientada a preservar un símbolo de la identidad cultural puntana.