Una referente de La Cámpora compró el departamento debajo de Cristina Kirchner

Una operación inmobiliaria en San José 1111, el edificio porteño donde Cristina Kirchner cumple su condena por la causa Vialidad, abrió un nuevo frente político y judicial. María Soledad Calle, dirigente vinculada a La Cámpora y al universo sindical de la UOM, compró el departamento ubicado inmediatamente debajo del que ocupa la expresidenta.

La adquisición se concretó el 20 de agosto de 2025. Según un informe del Registro de la Propiedad Inmueble porteño citado por La Nación, Calle escrituró a su nombre la unidad del primer piso por US$189.000. El inmueble tiene unos 252 metros cuadrados, lo que arroja un valor cercano a los US$750 por metro cuadrado.

El dato tomó otra dimensión por el perfil de la compradora. Calle desarrolló actividad política en Campana, estuvo vinculada a La Cámpora, participó de actividades junto al gobernador Axel Kicillof y exhibió públicamente su cercanía política con Cristina Kirchner. También ocupó posiciones relacionadas con el sindicalismo industrial y tuvo una estrecha relación con la conducción de Abel Furlán en la Unión Obrera Metalúrgica.

Pero el foco de la Justicia no está puesto en su militancia política, sino en su relación con la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas SA, conocida como USEM, y en el contrato que esa firma celebró con la UOM para administrar parte de los aportes del gremio.

El contrato millonario que investiga la Justicia

USEM fue constituida a fines de 2022 y Calle figura en documentación societaria como integrante de la compañía. Poco después, en febrero de 2023, la empresa firmó un convenio con la UOM que le otorgó funciones sobre una porción sustancial de los recursos provenientes de los aportes sindicales.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, el esquema contemplaba el manejo operativo de hasta el 80% de los aportes y una comisión equivalente al 0,5% de lo recaudado. Las estimaciones incorporadas al expediente ubican los ingresos de USEM por encima de los $100 millones mensuales.

La causa está bajo la órbita del juez federal Julián Ercolini y analiza posibles irregularidades en esa relación contractual. En marzo, la Justicia ordenó incluso un allanamiento en la sede central de la UOM para secuestrar documentación vinculada al manejo de esos fondos.

La investigación aún está en trámite y no existe una sentencia que determine que Calle haya cometido un delito ni que el dinero utilizado para comprar el departamento provenga de fondos sindicales.

Ahora piden allanar el departamento

La revelación sobre la propiedad tuvo una consecuencia inmediata. Sindicalistas opositores a Furlán que intervienen en el expediente solicitaron al juez Ercolini que allane el departamento de San José 1111 y profundice la investigación sobre el origen del dinero utilizado para adquirirlo.

El planteo busca determinar quién utiliza actualmente la propiedad, qué destino tiene y si existe alguna conexión patrimonial con las maniobras investigadas en la UOM. El allanamiento, hasta ahora, fue solicitado por los denunciantes y no equivale a una conclusión judicial sobre la legalidad de la compra.

La secuencia patrimonial también llamó la atención porque, pocos días antes de adquirir el departamento, Calle compró el 50% de un BMW M135 xDrive valuado en alrededor de US$70.000. Además, en julio de 2025 había participado en la creación de otra sociedad con actividades vinculadas a inversiones, financiación y negocios inmobiliarios.

Calle rechazó las sospechas y negó públicamente varias de las vinculaciones que le atribuyen. Ante una consulta periodística llegó a sostener que no había comprado el inmueble y calificó las acusaciones como parte de una disputa sindical. Sin embargo, el informe de dominio citado por los medios registra la propiedad a su nombre.

La UOM la desvinculó y suspendió el acuerdo con USEM

En paralelo, la intervención de la UOM tomó una decisión que sumó presión al caso. El interventor Alberto Biglieri suspendió el convenio con USEM y desvinculó a Calle del gremio, medidas adoptadas con aval judicial y definidas como preventivas para preservar el patrimonio sindical mientras continúa la investigación.

El episodio también llegó al expediente que controla la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. El juez Rodrigo Giménez Uriburu pidió información sobre los movimientos de la expresidenta dentro del edificio y solicitó detalles de la causa que tramita ante Ercolini, después de conocerse quién había comprado el departamento del primer piso.

Hasta ahora no existe evidencia judicial que vincule a Cristina Kirchner con la compra del inmueble ni que demuestre que haya utilizado esa propiedad. El interés de la Justicia está puesto, por un lado, en el origen de los fondos de Calle y, por otro, en verificar las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de la expresidenta.

La coincidencia geográfica convirtió una operación inmobiliaria en un asunto de peso político. El departamento está justo debajo del domicilio más vigilado del kirchnerismo y su propietaria quedó alcanzada por una investigación sobre una caja sindical millonaria. Ahora será la Justicia la que deberá determinar si esa cercanía es solamente física o si detrás de la compra existe algo más que deba investigarse.