La muerte de un anestesista destapó una trama de drogas hospitalarias y fiestas privadas

La muerte de Alejandro Zalazar, un anestesista de 29 años, abrió una investigación que ya excede el drama personal y se convirtió en un expediente de fuerte impacto dentro del sistema de salud porteño. El joven fue encontrado sin vida el 20 de febrero en su departamento de la calle Juncal al 4600, en Palermo, y la principal línea investigativa apunta a una sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos de uso exclusivamente hospitalario.

Zalazar, apodado “Alito” por su entorno, se desempeñaba como anestesiólogo de guardia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y había sido residente del Hospital Rivadavia. Según trascendió, el día en que fue hallado muerto debía presentarse a trabajar en la Fundación Favaloro, pero ante la falta de respuesta a llamados y mensajes, su familia activó la alarma. En el lugar del hallazgo, la Policía secuestró medicamentos anestésicos, una bomba de infusión y descartables para inyecciones; además, el cuerpo presentaba una vía colocada en un pie y marcas compatibles con el uso de catéter.

La autopsia preliminar determinó congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, mientras se aguardaban los estudios toxicológicos para establecer la causa de base de la muerte. Ese dato fue decisivo para abrir una segunda línea de investigación: el origen de los anestésicos encontrados en la vivienda del médico.

La denuncia por el faltante de esos fármacos fue presentada el 23 de febrero por el Hospital Italiano de Buenos Aires y quedó bajo la órbita del juez Javier Sánchez Sarmiento. A partir de allanamientos realizados el 12 de marzo, la pesquisa determinó que los medicamentos secuestrados en la casa de Zalazar provenían del circuito interno de ese hospital. En ese marco, la Justicia puso la lupa sobre Hernán Boveri, anestesiólogo de planta, y Delfina Lanusse, residente de tercer año, quienes quedaron imputados en una causa que, por ahora, se orienta a una presunta administración fraudulenta en perjuicio del centro de salud.

El Hospital Italiano confirmó que denunció el robo de estupefacientes, inició un sumario interno y apartó a las personas involucradas, que ya no cumplen funciones en la institución. También informó que revisa sus mecanismos de control y seguridad sobre este tipo de sustancias, y que trabaja junto a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires para reforzar políticas de prevención.

Con el avance del caso empezó a circular con fuerza el término “Propo fest”, utilizado en audios y mensajes para describir presuntas reuniones privadas en las que se habrían usado propofol y fentanilo con fines recreativos. Sin embargo, la propia investigación mantiene cautela sobre ese punto: fuentes judiciales citadas por La Nación aclararon que esos audios no forman parte formal del expediente y que, hasta el momento, no está acreditada judicialmente la realización de fiestas sexuales, sino reuniones en domicilios particulares donde habría existido intercambio o autosuministro de esos fármacos.

El caso, así, quedó partido en dos planos que se retroalimentan. Por un lado, la muerte de un joven profesional en circunstancias todavía bajo peritaje. Por otro, una investigación que expone posibles fallas graves en el control de medicamentos sensibles dentro de una institución de primera línea. Lo que comenzó como una muerte dudosa terminó destapando una trama mucho más amplia, con derivaciones penales, sanitarias y éticas que todavía recién empiezan a conocerse.