Educación
El Gobierno recortó fondos educativos antes de la marcha universitaria
En la previa de la marcha universitaria, el Gobierno nacional oficializó un recorte de $78.768 millones sobre distintos programas de la Secretaría de Educación.
La medida fue dispuesta a través de la Decisión Administrativa 20/2026 y alcanza áreas sensibles del sistema educativo, desde alfabetización y salarios docentes hasta becas, infraestructura escolar y obras en universidades nacionales.
El mayor ajuste recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones. Ese programa tenía impacto directo en las transferencias a las provincias para su ejecución.
El Ejecutivo también eliminó fondos del Fondo de Compensación Salarial Docente, destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales. En ese caso, la quita fue de $8.929 millones.
En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte sumó $21.686 millones. Además, el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas tuvo una baja de $6.649 millones, dentro de la cual las becas estudiantiles perdieron más de $559 millones.
La empresa estatal Educ.ar también sufrió una retracción de transferencias por $48.000 millones, según el detalle de la medida.
El ajuste alcanzó además a las universidades nacionales, con una poda de $5.303 millones en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento. La medida implica obras suspendidas en trece casas de estudio.
La Universidad Nacional de La Plata fue la más afectada, con $1.043 millones menos. Le siguieron la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700 millones cada una; Río Cuarto, con $680,5 millones; y Entre Ríos, con $540 millones.
El recorte se conoció en un momento de fuerte tensión entre el Gobierno y el sistema universitario, que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
Según un informe del CEPA, el presupuesto del programa Desarrollo de la Educación Superior acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025.
El mismo trabajo proyecta que, a valores constantes de diciembre de 2026, el crédito vigente profundizaría esa retracción hasta el 41,6% frente a 2023.
Desde el Gobierno, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió la posición oficial y sostuvo que la Ley de Financiamiento no puede aplicarse porque, según su interpretación, quedó derogada de manera implícita con la aprobación del Presupuesto.
También señaló que la recomposición salarial prevista implicaría un gasto que el Estado no estaría en condiciones de afrontar en el actual contexto fiscal.
La decisión administrativa agrega tensión a la movilización universitaria y vuelve a colocar el debate educativo en el centro de la agenda política nacional.
