El PJ albertista respaldó a exfuncionarios y denunció una supuesta persecución judicial

El Partido Justicialista de San Luis, alineado con el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, aprobó un documento en el que expresó su respaldo político e institucional a exfuncionarios de la gestión anterior que fueron condenados o permanecen imputados en distintas causas vinculadas con presuntos hechos de corrupción.

Durante el Congreso Provincial del PJ, la conducción partidaria denunció además una supuesta persecución política, laboral, mediática y judicial contra dirigentes, militantes y trabajadores identificados con ese espacio. La declaración fue aprobada mientras continúan abiertas distintas investigaciones judiciales.

El encuentro estuvo encabezado por Natalia Zabala Chacur y Alberto Rodríguez Saá (h), presidenta y vicepresidente del Congreso partidario, respectivamente. La resolución incluyó un rechazo a lo que el sector definió como un escenario de hostigamiento contra referentes del peronismo provincial.

Entre los dirigentes mencionados aparecen los exministros de Seguridad Claudio Latini y Luciano Anastasi, el exministro de Desarrollo Social Nicolás Anzulovich, los exfuncionarios Ernesto Alí, Marcelo Amitrano, Sergio Freixes, Miguel Berardo y Sebastián Anzulovich, además de la exdiputada Anabela Lucero, entre otros.

La situación judicial de los involucrados es diferente según cada expediente. Claudio Latini y Cintia Ramírez ya fueron condenados. En el caso de Ramírez, la Justicia la encontró responsable de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública por irregularidades vinculadas con fondos del Ente Provincial de Deportes destinados al San Luis Fútbol Club, institución que también presidía. Latini, por su parte, fue condenado por peculado en una causa relacionada con la sustracción de bienes públicos.

Otros exfuncionarios continúan atravesando procesos judiciales. Una de las causas que involucra a Latini, Luciano Anastasi y Ernesto Alí permanece bajo investigación y ya cuenta con una acusación fiscal. El Tribunal de Impugnaciones resolvió recientemente que la jueza Luciana Banó continúe al frente del expediente, luego de que las defensas cuestionaran su competencia.

La Fiscalía sostiene que en ese expediente se investigan presuntas irregularidades relacionadas con convenios celebrados durante la gestión de Rodríguez Saá entre el Ministerio de Seguridad y municipios del interior para la ejecución de obras. Según la acusación, los fondos fueron transferidos pero algunas de las intervenciones comprometidas no se habrían concretado.

El pronunciamiento partidario se produjo, además, en un momento de reorganización política del peronismo puntano con la mirada puesta en las elecciones de 2027. El Congreso realizó convocatorias a la unidad, cuestionó las gestiones de Javier Milei y Claudio Poggi y autorizó a Alberto Rodríguez Saá a avanzar en acuerdos y alianzas electorales.

De esta manera, el documento aprobado combina el respaldo político a dirigentes que enfrentan causas judiciales con el inicio de una estrategia partidaria de cara al próximo escenario electoral. Mientras la Justicia continúa definiendo la situación procesal de cada acusado, el PJ albertista busca consolidar una posición común y recuperar protagonismo en la disputa política provincial.